Corrupción del PP también involucra a Peña Nieto

Investigadores mexicanos y españoles han seguido una ruta de corrupción que parte del Partido Popular en España al Partido Revolucionario Institucional en México a cambio de contratos para la empresa española OHL que sirve de intermediaria para realizar obras públicas, sin aportar nada y obteniendo millonarias utilidades.

29 de Octubre de 1859 El conservador Miramón contrae préstamo con la casa Jecker; éste será uno de los antecedentes de la intervención francesa.

 

La casa comercial francesa Jecker, establecida en México y el gobierno conservador espurio de Miguel Miramón, firman un préstamo que traerá graves consecuencias al país porque es uno de los antecedentes de la intervención francesa.

El contrato consiste en la emisión de quince millones de pesos al 6% anual garantizado por la Casa Jecker durante cinco años y la mitad por el gobierno con derechos aduanales e impuestos.

En esa época, los derechos aduanales son la mayor fuente de ingresos al erario nacional. Miramón recibe 723 mil pesos en efectivo; 468 mil en equipo y vestuario militar y 14 millones 378 mil pesos en deuda interior; lo que significa que en estricto sentido, Miramón toma el préstamo al 90% anual y que el desembolso de Jecker apenas sobrepasa el millón de pesos.

Cuando Juárez entra a la capital tras derrotar a los conservadores, declara nulo y sin efecto el contrato, pero se crea una situación diplomática muy violenta, la cual será aprovechada por Maximiliano para dar a México “un gobierno estable”; que en realidad a lo que dio forma, fue a la intervención extranjera y al imperio.

Juan B. Jecker llegó a México en la primera mitad del siglo XIX, se dedicó al comercio y se vio mezclado en actividades que lesionan la soberanía nacional en relación con las minas de Arizona, la pérdida del territorio de La Mesilla, y las invasiones de filibusteros franceses a Sonora en 1852 y 1854.

Al triunfo de la República, Benito Juárez expedirá la orden de expulsión de Jecker y otros siete extranjeros, por perniciosos.

Arriesga EPN economía con más endeudamiento

Veracruz, Ver.- El gobierno de la República está entrando en un punto sin retorno adquiriendo una deuda enorme que podría volverse impagable aunado a la que ya arrastran los estados y municipios, aseguró la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jazmín Copete Zapot.

“Esos endeudamientos de 550 mil millones de pesos de deuda interna y cerca de 10 mil millones de dólares en deuda externa se pueden comprometer es una situación lamentable porque la deuda sigue creciendo y el pago de intereses también lo que demerita la respuesta a las necesidades de la gente”, dijo.

Consideró que si el presidente de la República continúa solicitando préstamos, México no tendrá la capacidad económica de seguir haciendo frentes a tanta deuda.

“Está la interna, la externa y además la que se viene arrastrando de municipios y estados, lo que resulta en una situación bastante delicada, que si no se detiene ese ímpetu de hacer crecer la economía mexicana prendida con alfileres así como se tiene, se puede volver una situación verdaderamente riesgosa”, aseveró.

La diputada perredista recalcó que lo que el Congreso autorizó al presidente de 10 mil millones de dólares es demasiado, pues pone en riesgo el futuro de las nuevas generaciones que ni siquiera han nacido.

Copete Zapot aseveró que el campo continúa siendo uno de los rubros menos apoyados por el gobierno, a pesar de que se dice se pretende llegar a la soberanía alimentaria.

“En este momento estamos apretando en la Ley de egresos para que al sector del campo les lleguen más recursos porque este es un sector abandonado y no producto de la casualidad es que tenemos déficit de alimentos”, comentó.

Añadió que se requiere invertir en el campo para tecnificar y empezar a producir lo que los mexicanos requieren.

Los Ultimos Zapatistas - La herida sigue abierta Parte 1 de 3

(VIDEO) La masacre de Tlatelolco

El spot más emotivo de AMLO

En el fin de su sexenio, Calderón derrochó 75 mdd en publicidad‏ con empresa de EU

Documentos registrados ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que en sólo nueve meses el gobierno de Calderón, a través del Consejo de Promoción Turística, gastó decenas de millones de dólares en dos contratos con una empresa estadounidense, para mejorar la imagen de México en el exterior y promoverlo como "destino turístico inigualable".

El gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa gastó, en la parte final de su sexenio, decenas de millones de dólares en contratos de publicidad para tratar de restaurar la maltrecha imagen de México, en el marco de la guerra que declaró al crimen organizado durante su administración.

Así lo comprueban contratos del año de 2011 por más de 75 millones de dólares,que el gobierno de Calderón firmó con la empresa estadounidense Ogilvy Public Relations, especializada en publicidad y relaciones públicas.

Los contratos fueron obtenidos por la periodista mexicana Dolia Estévez,corresponsal en Washington DC de Noticias MVS, y provienen de los registros de agentes extranjeros del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Esta semana, la edición estadounidense de la revista de negocios Forbes publica el artículo de Estévez, quien revela que el gobierno del panista Calderón, a través delConsejo de Promoción Turística de México (CPTM), firmó dos contratos con Ogilvy entre marzo y diciembre de 2011.

El primero, por 61.2 millones de dólares fue para “promover y posicionar” la Marca País y la “imagen de México en el exterior”; y el segundo, por 13.2 millones de dólares, para “ayudar a promover a México como socio empresarial global y destino turístico inigualable”.

Ogilvy corroboró a la periodista que esa empresa tuvo dos cuentas con el gobierno durante el sexenio pasado.

Así mismo, Estévez revela que buena parte del presupuesto lo acaparó la compra de tiempo al aire por televisión para la transmisión de publicidad turística enEstados Unidos y otros países, como Canadá, Francia, el Reino Unido, Alemania, China, Rusia y Japón.

A continuación presentamos el artículo de Dolia Estévez y los documentos de referencia:

“Calderón derrochó 75 millones de dólares en campañas para mejorar la imagen de méxico, revelan documentos; Presidencia absorbe el esquema panista Marca País”

Por Dolia Estévez/ Washington, DC

Revista Forbes, EU

Pocos presidentes han destruido la imagen de México tanto como Felipe Calderón. Fue quizá por esto que Calderón se sintió justificado en derrochar niveles insólitos de fondos públicos en un esfuerzo infructuosa por reparar la maltrecha percepción que se tiene de México.

De acuerdo con documentos hasta ahora inéditos, en sólo nueve meses –entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2011– el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), derrochó 61,263,062 millones de dólares en un solo contrato con la gigante publirrelacionista Ogilvy. A esto habría que añadir el costo de un segundo contrato, con la misma empresa estadounidense, por un costo máximo de 158,740,000 millones de pesos (alrededor de 13 millones 200 mil dólares).

El primer contrato fue para “promover y posicionar” Marca País y la “imagen de México en el exterior” y, el segundo, para “ayudar a promover a México como socio empresarial global y destino turístico inigualable”. Estas cifras revelan que el gobierno de Felipe Calderón invirtió en su empeño por tratar de mejorar la imagen de México sumas superiores a los previamente estimadas.

Los contratos con Ogilvy, los cuales fueron obtenidos de los registros de agentes extranjeros en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, llevan la firma de Gloria Guevara, la Secretaria de Turismo de Calderón, y del director de Marca País, Jaime Díaz Arciga, quien fue ratificado en el puesto por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En entrevista telefónica, Christopher Graves, CEO Global de Ogilvy Public Relations, corroboró que su empresa tuvo dos cuentas bajo el sexenio pasado. Dijo que la primera cuenta, con Marca País, tenía el objetivo de “mejorar la reputación de México”. La segunda, con el CPTM, consistió en campañas publicitarias de promoción turística en Estados Unidos, Canadá, Francia, el Reino Unido, Alemania, China, Rusia y Japón.

Respecto al elevado costo del contrato de Marca País, mismo que establece un mínimo de $24,505,224 millones de dólares y un máximo de $61,263,062, Graves sostuvo que esas sumas reflejan el presupuesto de egresos netos y no la remuneración que recibió Ogilvy. Indicó que buena parte del presupuesto lo acaparó la compra de tiempo al aire por televisión para la transmisión de publicidad turística en Estados Unidos y otros países.

“Ogilvy compraba tiempo al aire a nombre de nuestro cliente. Ese es el tipo de erogaciones que estaban incluidas en el presupuesto estipulado en el contrato, pero fueron recursos que Ogilvy no captó. De hecho, lo que nos correspondió del mega presupuesto fue una porción muy pequeña”.

Las erogaciones por ambos contratos –que en conjunto rayan en los 75 millones de dólares— salieron principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Según consta en los documentos obtenidos del Registro de Agentes Extranjeros del Departamento de Justicia, el pago de los servicios del contrato No. DRA/02/2011 (Marca País), recibió la asignación presupuestal 33901, correspondiente al “Outsourcing de servicios externos”, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante comunicado oficial No. 307-A-7070. A su vez, el contrato No. 129/2011 (CPTM), recibió la asignación presupuestal 36201, correspondiente a la “Divulgación de mensajes comerciales para promover la venta de productos y servicios”, autorizada por la SHCP mediante comunicado oficial No. 307-A-7070.

Los contratos están fechados 21 de diciembre de 2010, cuando el titular de Hacienda era Ernesto Cordero.

EL EXTRAÑO CASO DE JAIME DIAZ

A diferencia de Guevara, quien dejó el cargo al finalizar el sexenio de Calderón, Díaz repitió al frente de Marca País, sólo que con aparentemente más poder, pues el membrete fue traslado de la Secretaría de Turismo a Presidencia, donde ahora forma parte de la Dirección de Coordinación de Estrategia que preside el ex diputado, Andrés Massieu Fernández.

En abril, cuando la industria del turismo se enteró que Díaz y su Marca País se mudaban a Presidencia, el Periódico Viaje.com, observó que el ascenso resultó “una sorpresa para quienes trabajaron con él en Turismo”.

El columnista Carlos Velázquez escribió que después de un año al frente de Marca País, Díaz “sólo acordaba con Guevara y tenía puntadas como echarle en cara a todo el mundo que su nivel de relación ya era como el de Carlos Slim, el empresario más rico del mundo”. Velázquez remata diciendo que después de las 5 de la tarde, se le veía “despachar” en el bar del Hotel Hábitat de Polanco.

En el gobierno de Calderón, Díaz tenía entre sus responsabilidades colaborar con las embajadas de México en Washington, París y Londres, entre otras. “Díaz generó muchos dolores de cabeza”, comentó uno de sus interlocutores diplomáticos consultados.

Según observadores consultados, Díaz era gente de Guevara quien a su vez tenía el oído de Calderón. Cuando Guevara y Díaz viajaban juntos, resultaba obvia la cercanía y química entre ambos. Se sabe que Guevara fue quien lo sacó de American Express para que se hiciera cargo de Marca País.

Intentos por entrevistar a Díaz resultaron infructuosos. Por correo electrónico, Fernando Aguirre Ramírez, Director de Enlace de Medios Internacionales en la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia, respondió por correo electrónico: “En relación a tu solicitud de entrevista con Jaime Díaz para el asunto de Marca País, te informo que el tema está en un profundo proceso de reestructuración. Como parte de ese proceso, este año se están realizando diversos estudios para poder conformar una estrategia más afinada. Te ofrezco que en cuanto esté lista, te lo informaremos e inclusive gestionaremos otorgarte una entrevista de primicia”.

Declaración patrimonial de EPN “me da risa”: Vicepresidenta de Guatemala

La vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, criticó en entrevista con el diario guatemalteco El Periódico, la declaración patrimonial del presidente de México, Enrique Peña Nieto, al mismo que negaba hacer público su patrimonio.

“Aquí está la (declaración patrimonial)de Enrique Peña Nieto. Léanla por favor, la que dijeron que era lo máximo. Yo tengo una copia de (la declaración) de Peña Nieto, me da risa, porque yo sí digo dónde debo, a quién le debo y en cuánto están hipotecadas mis casas”, dijo Baldetti, cuya fortuna, según El Periódico asciende a más de 13.4 millones de dólares.

En su momento, el presidente Peña Nieto declaró que “queremos ser ejemplo para la ciudadanía, la corrupción es un cáncer que no solo afecta los ámbitos públicos, sino también el ámbito privado, pero toca al Gobierno establecer un ejemplo claro y que eso puede permear como un ejemplo de responsabilidad”.

Asimismo, destacó que, pese a que la legislación mexicana no obliga a hacer la declaración, al divulgarla, “está cumpliendo con un mandato legal y con una obligación ética que normará los actos de quienes somos parte del Gobierno”.

Al respecto, la vicepresidenta guatemalteca dijo que “yo traigo aquí mi declaración patrimonial, quieren verla, ahí está, no tengo nada que esconder. Ahora se ha vuelto el capricho de un medio, un chantajista, porque no le dimos dinero, él fue el que empezó esto y ustedes lo siguieron”, dijo Baldetti, en la entrevista con Emisoras Unidas.

A la pregunta “¿usted es millonaria?”, Roxana Baldetti insistió a los entrevistadores que revisaran su declaración jurada, un documento que llevó al programa, pero que no detalló.

Las declaraciones de Baldetti se producen una semana después de que el presidente Otto Pérez Molina afirmara que la Vicepresidenta estaba dispuesta a hacer pública su declaración patrimonial, pero ella se niega a hacerlo, amparándose en el Articulo 21 de la Ley de Probidad. (Con información de el Periódico de Guatemala)

Ifai declara “inexistente” historial académico de EPN

El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) consideró como inexistente elhistorial académico del presidente Enrique Peña Nieto, por lo tanto, no existe referencia de los lugares académicos por donde el mandatario cursó sus estudios.

En marzo pasado, un ciudadano requirió información sobre “cuáles han sido las instituciones de educación básica, superior y de posgrado en las que ha estudiado el actual Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, así como los promedios obtenidos, y si se trata de instituciones pública o privadas”.

En respuesta, la Unidad de Enlace de la Presidencia descartó contar con los datos, y orientó al solicitante de la información para dirigir su petición al Instituto Federal Electoral (IFE).

Dentro de la respuesta de los comisionados se menciona que “dado que en efecto no es un requisito que el Presidente tenga ciertos estudios, licenciatura o ciertas calificaciones, confirmamos la inexistencia que respondió Presidencia”.

En el sitio web de Presidencia de la República, se menciona que Peña Nieto nació el 20 de julio de 1966. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y tiene una maestría en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). (Con información de Agencias y Presidencia)

Responde Peña a AMLO y dice ‘no’ a consulta sobre reforma energética

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La Presidencia de la República rechazó la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de realizar una consulta popular sobre la reforma energética.

En una carta Edwin Lino, secretario particular del presidente Enrique Peña Nieto, respondió a la misiva entregada el pasado 23 de septiembre por integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), entre ellos Bertha Elena Luján Uranga, Octavio Romero Oropeza y José Ortiz Pinchetti, en la que proponían someter a consideración de la ciudadanía la propuesta presidencial.

La respuesta oficial explica que la propuesta de reforma energética del gobierno federal “garantiza en todo momento la estricta rectoría del Estado mexicano y la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos”.

“Actualmente, esta iniciativa se encuentra en el Senado. Bajo la división de poderes que marca la Constitución y que impera en el México democrático de hoy, no corresponde al Poder Ejecutivo señalar o sugerir la forma en la que debe proceder el Congreso de la Unión alguna o sus cámaras.

“El Senado y la Cámara de Diputados constituidos democráticamente a través del voto de los mexicanos, tiene la soberanía para determinar de manera autónoma e independiente el destino de las iniciativas propuestas por el presidente”, detalla la carta de la Presidencia.

La carta de Morena exhortaba al Poder Legislativo a que “consulte al pueblo de México antes de que se dictamine y se someta al pleno de las cámaras la reforma energética, para saber si los mexicanos están de acuerdo o no en que se reformen los artículos 27 y 28 de nuestra Constitución política, con la finalidad de otorgar a particulares contratos de utilidad compartida y privatizar la refinación del petróleo, la petroquímica, el gas, la industria eléctrica y la distribución y comercialización de los energéticos”.

Se niega la SEV a reparar escuela; por reforma corresponde a padres

La Escuela primaria Leopoldo Kiel tiene dos muros a punto de caerse y presenta cuarteaduras en diversas partes de la estructura, situación que pone en peligro la integridad física de los alumnos, por lo que padres de familia salieron a protestar, bloquearon la avenida Ávila Camacho de la capital del estado, ya que han solicitado apoyo a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y no ha habido respuesta, incluso “se nos informó que la reparación ya nos correspondía a nosotros de acuerdo a la reforma educativa, por eso nuestra inconformidad”.

La madre de familia –que pidió omitir su nombre completo– María del Carmen señaló que con las lluvias se acrecentó el problema de los muros de la escuela ubicada en la calle Hilario C. Salas de la zona centro de Xalapa, “tuvimos una junta el pasado jueves, nos citaron a las 8 de la mañana, allí se nos expuso que la escuela ya había solicitado a Espacios Educativos el apoyo y que era urgente, pero que una respuesta fue que a nosotros nos correspondía hacer las reparaciones”.

La joven madre precisó: “nos inconformamos y las maestras nos respondieron que al parecer ya se empezaba a aplicar la reforma educativa, pero los padres estamos en desacuerdo porque esto lo tiene que ver el gobierno, ¿o qué siempre nos estuvo engañando que la reforma educativa no nos iba a perjudicar?”.

Por eso, por nuestra inconformidad salimos a protestar, “se notificó que les dábamos plazos para la atención, no llegaron y salimos, porque a nosotros nos preocupan nuestros hijos, y así como el gobierno nos ha mentido, ahora queremos que los gastos los cubra él, a nuestros hijos los inscribimos en un ciclo escolar y sabíamos que la educación es gratuita”.

Así, padres de familia bloquearon la avenida Ávila Camacho de la capital del estado a la altura del Parque de Los Tecajetes, allí un niño portaba una cartulina verde “se cae nuestra escuela y no nos apoyan”.

Para lograr bloquear la vialidad de la avenida, las mamás pusieron un hilo con cartulinas, paleacates, hicieron una cadena humana, otras portaban cartulinas en las que se leía “Auxilio se cae la escuela, la SEV no apoya”, y en otras cartulinas se leía un rechazo a la reforma educativa, porque consideraban es uno de los primeras aplicaciones de la nueva ley la que les impondrá como padres a hacerse cargo de la reparación del inmueble.

En tanto, la directora de la escuela primaria, Aracely Chávez Montoya, pidió sensibilidad a las autoridades para resolver a prontitud las necesidades de la escuela, ya que pretenden evitar que suceda una desgracia ante las malas condiciones en que se encuentra el edificio, expuso que la directora dijo que han hecho diversas solicitudes y no han dado ninguna respuesta, por eso los padres de familia determinaron salir a las calles.

Más tarde llegó el director de Política Regional, Julio Cerecedo, informó que los alumnos de la escuela Leopoldo Kiel serán reubicados en la escuela Abraham Castellanos a partir de este lunes y que ésta disposición ya estaba autorizada por las autoridades correspondientes, sin embargo los inconformes “se desesperaron un poquito. Este trámite estaba por salir hoy, no era necesario el bloqueo”.

Acusaciones sin fundamentos contra MORENA en Veracruz.

En pasados días salió una nota en el periódico "imagen del golfo" donde a raíz de los problemas existentes en la Secundaria Fernando López Arias de la ciudad de Jáltipan Ver, el padre de familia Federico Ramirez explica las cuestiones que se han venido dando referente a los padres de familia y los maestros de esta institución, solo que en su declaración adjudica a el Movimiento de Regeneración Nacional (morena) del Lic. Andres Manuel López Obrador a el Lic. Domingo Martinez Cristobal como candidato en asuntos electorales por morena.





En respuesta a este señalamiento, MORENA  por medio de su presidente en esta ciudad, Mario Aguilando Pacheco, envió una petición al padre de familia Federico Ramirez para que desmienta los señalamientos que hace en el diario antes mencionado sobre el movimiento, y aclara que Morena no es un partido por lo cual es imposible que participe en elecciones. 

Carta a EPN por parte de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela

Plan del Zapote

El plan del Zapote fue un pronunciamiento político —y posterior levantamiento armado— proclamado por Anselmo Bello Caneda el 21 de abril de 1901 bajo un árbol de zapote en la localidad de Mochitlán, en el estado mexicano de Guerrero. Se le atribuye como uno de los primeros pronunciamientos formales en contra de la dicturadura de Porfirio Díaz, así como uno de los antecedentes más remotos de la revolución mexicana de 1910.

Los planteamientos principales del plan eran el desconocimiento del régimen porfirista y del entonces gobernador de Guerrero Agustín Mora, reformas a la Constitución de 1857 con la finalidad de adaptarla a las necesidades de los campesinos y los obreros, y el reparto de tierras y haciendas de los latifundistas. Así mismo, llamaba a la defensa del sufragio efectivo y la oposición a la reelección en los puestos públicos. El plan fue apoyado por Felipe y Gabino Garduño, Vicente, Ignacio y Eutimio Muñoz, Alejandro Nava, Porfirio Jiménez, Cesáreo Cuevas, entre otros más.Destacó la participación de Eusebio Santamaría Almonte, bisnieto de José María Morelos, quien al negarse a huir fue aprehendido y fusilado.

La proclama y rebelión fue denunciada por autoridades municipales y sofocada por el entonces teniente coronel Victoriano Huerta, quien a manera de escarmiento ordenó el fuslamientro de más de 50 inocentes.2 El plan también fue apoyado desde el centro del país por los hermanos Flores Magón, considerados precursores de la revolución mexicana

http://www.enciclopediagro.org/index.php/indices/indice-cultura-general/1361-plan-del-zapote-primer-levantamiento-armado-en-el-pais-contra-porfirio-diaz.

1760-1808 Francisco Primo de Verdad y Ramos

Nació en Ciénega del Rincón, Aguascalientes el 19 de junio de 1760. Realizó estudios de leyes en el Colegio de San Ildefonso, en la ciudad de México, y obtuvo el título de abogado del Real Colegio de Abogados. Fue en 1808 cuando fue designado miembro de la Real Audiencia, donde llegó a ser elegido síndico del Ayuntamiento de la capital.

Dicho ayuntamiento estaba integrado por un total de 25 miembros, 15 de ellos regidores perpetuos que habían comprado o heredado el puesto y seis más honorarios, dos alcaldes y dos síndicos. Todos miembros de la nobleza local, prominentes comerciantes, mineros y letrados. Sus funciones eran judiciales, a cargo de los alcaldes y administrativas, de los regidores.
Además, Francisco Primo de Verdad formó parte de una Junta de Caridad encabezada por el virrey Iturrigaray y patrocinada por figuras como Gabriel Yermo y Pedro Romero de Terreros, para realizar obras como el mejoramiento del Hospicio de Pobres y el abasto de agua potable a la capital de Nueva España.

Cuando España fue invadida por las tropas francesas de Napoleón Bonaparte, Primo de Verdad y el regidor Juan Francisco Azcárate, enterados del cautiverio de la familia real española y del intento de imponer a José Bonaparte en el trono español, propusieron al virrey Iturrigaray la convocatoria a todos los ayuntamientos de la colonia para integrar un gobierno provisional durante la guerra en Europa. Con motivo de esta guerra, las colonias españolas fueron explotadas profundamente por las autoridades españolas, las que extraían recursos para resistir la embestida napoleónica. Esto generó mucha inconformidad entre los criollos, que sufrieron entonces muchos abusos por parte de los peninsulares.

En España se formaron juntas provinciales que decidieron que mientras permaneciera la invasión francesa cada junta conservaría su soberanía y gobernarían en representación del pueblo. El virrey Iturrigaray propuso seguir ese modelo, conservando la lealtad a la corona española. Su argumento era que por la falta del monarca, la soberanía volvía al pueblo.

Pero los criollos descontentos, como Primo de Verdad, ciertos de que la victoria de Francia era segura, fueron en su propuesta más allá: se pronunciaron por la separación absoluta de España y el desconocimiento de su calidad como Colonia. Esta idea la compartían personajes como el oidor Jacobo de Villaurrutia, el marqués de Uluapa, el marqués de Rayas, el conde de Medina y el conde de Regla, así como don Melchor de Talamantes. Varios de ellos se presentaron ante el virrey para pedirle que asumiera el gobierno de Nueva España antes de que Francia reclamara ese derecho. En pocas palabras, proponían la independencia de la Nueva España.

Vicente Riva Palacio (El Libro Rojo) relata el hecho: “Verdad, era un abogado insigne en el foro mexicano, dotado de una gran elocuencia y de un extraordinario valor civil. Habló, habló, pero con todo el fuego de un republicano; habló de patria, de libertad, de independencia, y por último proclamó allí mismo, delante del virrey y del arzobispo y de la audiencia, y de los inquisidores, el dogma de la soberanía popular. Aquella fue la primera vez que se escuchó, en reunión semejante, la voz de un mexicano llamando soberano al pueblo”.

Sin embargo, la Real Audiencia obligó al virrey Iturrigaray a retractarse y mantenerse fiel a la familia real legítima. Esto fue publicado en la Gaceta de México en julio de 1808.

Pese a ello, Primo de Verdad, Talamantes y Jacobo de Villaurrutia insistieron en su propuesta: crear un congreso de notables novohispanos que asumiera el gobierno de la Nueva España, ya que de acuerdo con las Leyes de Partida de Alfonso el Sabio, con los escritos de Francisco Suárez y con autores franceses relevantes, a falta de rey, la soberanía regresa al pueblo y éste debe gobernarse a sí mismo.

En este tenor, Primo de Verdad propuso al virrey que dado que "dos son las autoridades legítimas que reconocemos, la primera es de nuestros soberanos, y la segunda de los ayuntamientos", a falta de rey, convocara a juntas a todos los ayuntamientos de la Nueva España para formar un gobierno provisional legal e independiente a salvo del dominio francés.

Empero la Real Audiencia, que estaba integrada mayoritariamente por españoles peninsulares, pronto se dieron cuenta de lo que ello significaba y rechazaron categóricamente las propuestas de los criollos.

En un contexto conflictivo y confuso, el 15 de septiembre de 1808 se dio una rebelión de españoles encabezados por Gabriel de Yermo en contra del virrey Iturrigaray, a quien apresaron y acusaron de intentar sublevarse contra la corona española. Ese grupo de españoles preferían esperar lo que pudiera ocurrir con la detención de Fernando VII y no convocar a las juntas provinciales que gobernarían en representación del pueblo en tanto España estuviera bajo la ocupación francesa. Iturrigaray y su familia fueron apresados, mientras los españoles rebeldes nombraron como nuevo virrey a Pedro Garibay, un anciano que les sirvió de parapeto perfecto.



Pero no sólo fueron aprehendidos el virrey, su esposa y sus hijos, sino también quienes habían manifestado la idea independentista: Primo de Verdad, Francisco Azcárate, el abad de Guadalupe José Neye de Cisneros, el canónigo José Mariano Beristáin, el licenciado José Antonio del Cristo y fray Melchor de Talamantes, quienes fueron recluidos en las cárceles del arzobispado en la ciudad de México. En una celda de ese lugar, el 4 de octubre siguiente, fue encontrado muerto Francisco Primo de Verdad y Ramos, colgado de una viga o según Riva Palacio, de un gran clavo fijado en una de las paredes de su celda, o envenenado como también se dijo. Se asegura que fue asesinado por los españoles que se hicieron cargo del gobierno colonial. Fue sepultado en el sagrario de la basílica de Guadalupe.






Su asesinato, junto con la aprehensión del virrey Iturrigaray, en lugar de ahogar, alentó la rebelión de Independencia.

En diversos panfletos y publicaciones insurgentes, Yermo fue señalado como el gachupín más feroz y sanguinario, pero su crimen quedó sin castigo; en 1810, cuando Hidalgo amagaba a la capital del virreinato, Yermo puso a las órdenes del virrey Venegas, 279 lanceros provenientes de sus haciendas de Jalmolonga, San Gabriel y Temisco, los cuales participaron en la batalla del Monte de las Cruces. En 1820, Yermo publicó un diario acerca de sus “benévolas obras”, de la acusación de haber amasado su fortuna mediante la usura y de sus acciones contra la insurgencia; buscó en la Biblia burdos argumentos para su defensa; justificó su participación en la aprehensión del virrey, de la que resultó el asesinato de Francisco Primo de Verdad, como una medida de “salvación del caos” y logró que su actuar quedara en absoluta impunidad.

4 de Octubre de 1824 El Congreso promulga la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos

“Bajo los más lisonjeros auspicios y en medio del regocijo de todas las clases de la sociedad”, el Congreso promulga la primera Constitución política, tras la independencia de México. La nueva Constitución es fiel reflejo del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana expedida por el mismo Congreso, el día 31 de enero del presente año; y establece el federalismo y una clara supremacía de poder legislativo al grado que todos los presidentes requerirán del uso de poderes extraordinarios aprobados por el Congreso para poder gobernar.

Conforme al nuevo ordenamiento, los Estados Unidos Mexicanos se integran por 19 Estados: Chiapas, Chihuahua, Coahuila y Tejas, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Poto sí, Sonora y Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Xalisco, Yucatán y Zacatecas. Así como por 4 Territorios: Alta California, Baja California, Colima y Santa Fe de Nuevo México.



Según la Enciclopedia de México: “La Constitución Federal de 1824 consta de siete títulos, subdivididos en secciones, y de 171 preceptos. Desarrolla los principios republicanos y federalistas ya expuestos en el Acta Constitutiva; declara que la religión es y será la católica, apostólica, romana; divide el Supremo Poder de la Federación en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Deposita el primero en un Congreso General compuesto por dos cámaras, una de diputados y otra de senadores; fija los requisitos de elegibilidad para ocupar esos puestos, dejando a las Legislaturas de los estados el derecho a determinar los de los electores; establece que la elección de los diputados será indirecta y la de los senadores “a mayoría absoluta de votos por las legislaturas de los estados”; detalla las facultades de ambas Cámaras y precisa en 31 fracciones las del Congreso; describe el proceso legislativo para la creación de leyes; dispone que la modificación o revocación de éstas deberá someterse al procedimiento que rige su formación; divide las sesiones del Congreso en ordinarias y extraordinarias; las primeras, del 1° de enero de todos los años al 15 de abril siguiente, pudiendo prorrogarse por 30 días hábiles, y las segundas, exclusivamente para tratar los puntos de la convocatoria; fija la residencia de ambas Cámaras en un mismo lugar (sin precisarlo) y también prevé su traslado, previo acuerdo (títulos I, II y III). Precisando la vaguedad del Acta en este punto, la Constitución deposita el Poder Ejecutivo en una sola persona, el presidente de la República, e instituye la vicepresidencia individual; fija los requisitos para ocupar ambos puestos; prescribe que la duración de los dos cargos será de cuatro años, y prohibe la reelección del presidente en el periodo inmediato; fija las prerrogativas de uno y otro mandatarios, entre las que destacan: proponer leyes y reformas a las mismas, ejercer el derecho de veto y disfrutar de inmunidad durante el desempeño del cargo, salvo en el caso de que cometan delitos específicamente señalados en la propia Constitución, en cuya hipótesis corresponde a ambas Cámaras conocer de la acusación; detalla las facultades del presidente en las 21 fracciones del artículo 110, y las restricciones en las cinco del 112. Establece un complejo sistema de elección y suplencia presidencial: las Legislaturas de los estados eligen dos personas sin atribuirles carácter específico; la Cámara de Diputados computa los sufragios y hace la declaratoria respectiva: el candidato que obtenga la mayoría absoluta será el presidente, pero si los dos la logran se discierne el cargo al favorecido con mayor número de votos y queda el otro como vicepresidente; en caso de empate, la Cámara decide si sólo uno alcanza la mayoría absoluta se le declara presidente, y entre los dos que le siguen la Cámara elige al vicepresidente; y si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, la Cámara selecciona a los mandatarios entre los dos de superior mayoría relativa. Si faltaran simultáneamente el presidente y el vicepresidente, asume el Poder Ejecutivo quien presida la Suprema Corte de Justicia, mientras la Cámara de Diputados elige un interino, o el Consejo de Gobierno, en los recesos de ésta, designa a dos personas para que junto con aquél integren un Ejecutivo plural. Para actuar en los recesos del Congreso crea un Consejo de Gobierno integrado por senadores, al que atribuye, entre otras, las siguientes funciones: convocar el Congreso a sesiones extraordinarias; remediar la acefalía ejecutiva, designando al Ejecutivo plural; aprobar el nombramiento de los secretarios del despacho; dar su conformidad para que el presidente mande en persona las fuerzas militares; y asesorar al Ejecutivo para la mejor observancia de la Constitución y leyes federales (Título IV). Deposita el Poder Judicial de la Federación en una Corte Suprema de Justicia; crea los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. Integra la Corte con 11 ministros y un fiscal; los miembros de ella sólo pueden ser removidos con estricta sujeción a las leyes, y son electos por las Legislaturas de los estados por mayoría absoluta de votos. La Cámara de Diputados conoce de la elección de los ministros de la Corte (por conducto del presidente del Consejo) y expide su nombramiento. Señala que los tribunales de circuito, cuyas funciones precisa, se componen de un juez y un promotor fiscal, nombrados por el Ejecutivo a partir de una terna propuesta por la Corte Suprema, y que para desempeñar el cargo se requiere ser “ciudadano de la federación” y haber cumplido 30 años. Indica los requisitos para ser juez de distrito (ser “ciudadano mexicano” y haber cumplido 25 años), el procedimiento de su designación —el mismo de los magistrados de circuito— y sus atribuciones. Determina las reglas a que se sujetará la administración de justicia en los estados y territorios, y formula, de paso, un incipiente catálogo de garantías individuales (Título V). Manda que el gobierno de cada estado se divida en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, dejando su organización a las leyes locales. Impone a los estados obligaciones que garantizan la primacía del orden constitucional federal. Precisa los casos en que la actuación de los poderes locales requiere la ratificación del Congreso Federal, y consigna una prohibición inusitada: la de que no podrán celebrar transacciones con potencias extranjeras ni declararles la guerra (Título VI). Obliga a todo funcionario público, antes de tomar posesión de su cargo, a jurar el cumplimiento de los mandatos constitucionales; el Congreso determina la responsabilidad de los infractores. Atribuye al poder Legislativo la hermeneusis de los preceptos constitucionales, y a las Legislaturas de los estados el derecho de hacer observaciones, pero hasta el año de 1830, cuando serán calificadas por el Congreso y publicadas por el presidente de la República, sin comentarios. Después de 1830, el Congreso estudiará las enmiendas en el segundo año de cada bienio y, considerándolas fundadas, corresponderá al Congreso siguiente perfeccionarlas. No podrán modificarse nunca los artículos relativos a libertad e independencia de la Nación, forma de gobierno, religión, libertad de imprenta y división de poderes (Título VII).



Unos años antes, el Plan de Iguala del 24 de febrero de 1821, suscrito por Iturbide y Guerrero, había establecido un gobierno monárquico constitucional, que contemplaba la integración de las Cortes para elaborar la Constitución del Imperio Mexicano. Cuando Iturbide se proclamó emperador tuvo que disolver este primer Congreso mexicano por la oposición a su gobierno que se generaba en su seno. Poco después, Iturbide se enfrentó a la rebelión de Antonio López de Santa Anna, que con el Plan de Casa Mata, lo desconoció como emperador y demandó la reinstalación del Congreso.

Tras la abdicación de Iturbide, el Congreso fue restablecido legalmente el 29 de marzo de 1923. Al día siguiente, el Congreso acordó que Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete, gobernaran en forma colegiada; pero en el ambiente que privaba de caos generalizado, el triunvirato resultó muy débil frente a las tendencias autonomistas de las provincias que demandaban el federalismo y del poder de los grupos conservadores que exigían el centralismo.

En este contexto, el Congreso se convirtió en el más fuerte de los poderes, el único capaz de negociar con las provincias como Jalisco, prácticamente independientes, pero carecía de legitimidad suficiente para imponer un nuevo orden. Fue así que decidió convocar a elecciones de diputados para un segundo Congreso Constituyente en agosto de 1823, el cual fue instalado el 7 de noviembre siguiente. Entre los nuevos constituyentes destacan, en el ala federalista Miguel Ramos Arizpe, Juan de Dios Cañedo, Tomás Vargas y Valentín Gómez Farías; en el bando centralismo se distinguen Carlos María de Bustamante, Miguel Guridi y Alcocer, Cayetano Ibarra, Rafael Mangino y José María Becerra.

El Congreso deliberó en torno al proyecto de Constitución durante los meses comprendidos entre abril y septiembre del año en curso. Como los principios generales habían quedado asentados en el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, la discusión se enfocó en las atribuciones del Poder Ejecutivo. Durante el debate resaltaron varias contradicciones, como la intolerancia religiosa con la libertad individual y de expresión, o los fueros eclesiásticos y militares con la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

En los días siguientes, el Congreso debatirá la creación del Distrito Federal y tendrá que vencer la oposición del Estado de México a perder su capital y parte de su territorio. Una vez resuelto este problema, cerrará sus sesiones el 24 de diciembre del presente año.

4 de Septiembre de 1841 Gabriel Valencia proclama el Plan de la Ciudadela contra Anastasio Bustamante

Este hecho, sigue a los pronunciamientos de Paredes Arrillaga en Guadalajara, de Juan N. Álvarez en el sur y de Santa Anna en Perote, Veracruz.

El conflicto alcanza tal magnitud que Anastasio Bustamante sale a combatirlos y es derrotado. Los generales realizan lo proclamado en el Plan de Tacubaya: desconocer al ejecutivo y al legislativo y nombrar un presidente provisional que convoque a elecciones para formar un congreso constituyente. El resultado es que por sexta vez, Antonio López de Santa Anna ocupa la presidencia

(VIDEO) brutalidad policíaca 2 octubre 2013 granaderos atacan a pareja indefensa

Abrazados e inmóviles en Paseo de la Reforma, una pareja de jóvenes intentó evitar ser agredidos durante la marcha conmemorativa del 45 aniversario de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1965. Pero pese a esa conmovedora posición un par de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina fueron agredidos.


El video fue registrado por colaboradores de la Agencia Subversiones, quienes también fueron agredidos por granaderos, según la lista publicada por Article 19.

PEMEX no está en quiebra.

2 de Octubre de 1968 Matanza de Tlaltelolco (La verdadera cara del PRI)

Un grupo armado, vestido de civil, dispara contra una multitud estudiantil reunida en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, cuando un helicóptero estalla luces de bengala verde y rojo, y cinco mil soldados entran por todos los accesos a la misma. Durante una hora y media, se entabla un intenso tiroteo entre ese grupo y los soldados; la masa de estudiantes recibe el fuego cruzado y según la prensa internacional caen cientos de muertos. El propio general José Hernández Toledo, al mando de la tropa, es uno de los primeros militares que caen heridos. Son detenidas más de mil personas.

La política económica y el autoritarismo del gobierno generaron movimientos de protesta en el campo, disgusto en Sonora y guerrillas en Chihuahua y Guerrero. En julio de 1968, por motivos baladíes, se enfrentaron estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional, con los alumnos de la preparatoria particular "Isaac Ochoterena"; los cuales fueron reprimidos con gases lacrimógenos y ocupadas las vocacionales por granaderos el 24 de julio de 1968, lo que provocó que se organizaran más protestas estudiantiles.

El Departamento del Distrito Federal, dio permiso para que dos manifestaciones se realizaran el 26 de julio: una organizada por la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos para protestar por la agresión a los estudiantes y otra para conmemorar el aniversario de la revolución cubana, promovida por jóvenes del Partido Comunista Mexicano. El punto de reunión fue el Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central; ambas manifestaciones se unieron y se dirigieron hacia la Plaza de la Constitución; pero ocurrió un largo y violento encuentro entre los manifestantes y la policía; el edificio del Partido Comunista fue allanado y aprehendidos algunos de sus miembros. El 27 de julio, los estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM; los granaderos no pudieron contener a los estudiantes e intervino el ejército. Al amanecer del 30 de julio, una de las puertas de la Preparatoria 1 fue destruida con un bazucazo y los militares la ocuparon, junto con las preparatorias 2, 3 y 5 de la UNAM; y la vocacional del IPN. Tras cientos de heridos y un millar detenidos, el movimiento comenzó a crecer hasta que las escuelas del IPN, de la UNAM, de Chapingo y varias Universidades de los estados de la República, se declararon en huelga; se les unieron la Coalición de Profesores de Enseñanza Media Superior y algunas universidades particulares.

El Rector Javier Barros Sierra declaró que se había violado la autonomía universitaria. El 1º de agosto, el presidente Díaz Ordaz señaló que tenía “la mano tendida”; cuando en la tarde Barros Sierra encabezó una marcha silenciosa en protesta por la violación. El 4 de agosto, el movimiento estudiantil presentó un pliego petitorio que invalidó el pliego de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET), controlada por el gobierno, pliego que ya había aceptado el Gral. Alfonso Corona del Rosal, regente capitalino: “libertad a presos políticos; derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal sobre el delito de disolución social; desaparición del Cuerpo de Granaderos; destitución de los jefes policíacos; indemnización a los familiares de muertos y heridos por el conflicto y que se deslinden responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos; libertad democrática y una reforma electoral”. Las marchas continuaron y la organización del Consejo Nacional de Huelga creció.

El 15 de agosto, el Consejo Universitario de la UNAM hizo suyas las demandas estudiantiles. Siguieron las marchas y aumentaron los apoyos.

Las autoridades convocaron al diálogo, pero el Consejo Nacional de Huelga, insistió en el diálogo público. El 27 de agosto hubo un mitin en el Zócalo y se izó la bandera rojo y negra; ante el inminente informe presidencial, los manifestantes decidieron permanecer ahí, pero fueron desalojados violentamente por el ejército. Comenzaron a unirse al movimiento otros grupos médicos y obreros. Díaz Ordaz, en su informe, denunció la injerencia de grupos ajenos que intentaban sabotear los Juegos Olímpicos que se inaugurarían el 12 de octubre y amenazó con hacer uso de la fuerza pública para mantener el orden. El 9 de septiembre, Barros Sierra llamó a levantar la huelga. El 18, el ejército tomó Ciudad Universitaria con diez mil efectivos y detuvo a centenares de estudiantes y algunos maestros. El día 23, Barros Sierra presentó su renuncia.

La agitación se extendió por toda la ciudad mediante brigadas de estudiantes que efectuaban volanteos, pintas, boteos y mítines relámpago. La dirigencia estudiantil se trasladó al Instituto Politécnico y a la zona de Tlatelolco. Continuaron los múltiples y violentos enfrentamientos. El 27 de septiembre, ante la negativa del Consejo Universitario, Barros Sierra retiró su renuncia. El día 30 el ejército se retiró de Ciudad Universitaria. El día 2 de octubre se había planeado una marcha estudiantil que partiría de la Plaza de las Tres Culturas al Casco de Santo Tomás del IPN, pero ante el cerco policiaco, se había optado por sólo realizar un mitin que fue interrumpido por las balas de soldados y mercenarios.

Rosario Castellanos dio cuenta de la indiferencia de la población, al día siguiente de la matanza, cuando escribió:

¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente nadie. La plaza amaneció barrida; los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado ni un minuto de silencio en el banquete. (Pues prosiguió el banquete.)

En su informe de 1º de septiembre de 1969, el presidente Gustavo Díaz Ordaz expresará ante el Congreso de la Unión: “Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado”.

En su libro (Díaz Ordaz, El hombre, el gobernante), publicado veinte años después, el general Luís Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor presidencial en 1968, justificará la matanza: “Gustavo Díaz Ordaz no tuvo más alternativa que emplear la fuerza para contener la violencia en que nos querían envolver... si la noche del 2 de octubre fue sangrienta se debió a la premeditada agresión de que fue objeto el Ejército Mexicano por parte de los "subversivos", cuya manifiesta intención era de que ese día hubiera muertos, hecho que les daría una "bandera" para justificar sus actos y dar el golpe final. Lógicamente, la reacción del Ejército no se hizo esperar y tuvo que hacer uso de las armas para repeler la agresión.”

La versión oficial fue que el ejército sólo pretendía aprehender a los cabecillas y disolver la manifestación; y que los francotiradores que desencadenaron la balacera fueron estudiantes armados. Sin embargo, treinta años después, al darse a conocer por Julio Scherer y Carlos Monsiváis (Parte de Guerra), documentos personales del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional en 1968, se reforzará la versión de que esos francotiradores eran oficiales del Estado Mayor presidencial, que por órdenes del general Gutiérrez Oropeza, se habían apostado en la iglesia y varios edificios de la Plaza de las Tres Culturas, con el conocimiento y autorización o no, de García Barragán y de que fueron ellos quienes causaron bajas a los estudiantes y al ejército, lo cual sugiere discrepancias internas en el ejército. Se divulgará que el general García Barragán se negó patrióticamente a suspender garantías individuales con motivo de la matanza. También se sabrá que Servando González, por órdenes de Luís Echeverría, secretario de Gobernación entonces, filmó con seis cámaras veinte mil pies de lo sucedido, pero de ese material fílmico sólo se conocerán públicamente unos cuantos minutos.

Concluye Carlos Montemayor (La Guerrilla Recurrente) “A lo largo de treinta años ha sido imposible descubrir los motivos irrazonables de la masacre de Tlatelolco porque en nuestro sistema político se confunde la tarea del gobernante con una especie de privilegio privado que él puede ejercer en cualquier circunstancia y momento. Pero las tareas públicas y el poder no son patrimonio personal. No puede estar la memoria histórica, institucional, de México, a merced del capricho, buena disposición, valentía o generosidad privada. ¿Por qué aceptamos que las tareas de seguridad nacional permanezcan supeditadas a los intereses de los grupos de poder en turno? Deben estar clara e institucionalmente delimitadas para servir al país. Es tiempo ya de que los secretos de Estado dejen de ser patrimonio personal y pasen a ser patrimonio de la nación.”

Para algunos escritores, el movimiento estudiantil de 1968, que culmina trágicamente en esta fecha del 2 de octubre de 1968, será un hito en el desarrollo histórico de México. Para Jorge Castañeda (La Utopía Desarmada):“En México no hay una explosión guerrillera como la hubo en otros países de América Latina, porque sí hubo un 68 que permitió una especie de desahogo de esas tensiones, de las pasiones, se vacuna al país contra una verdadera lucha armada o contra una verdadera proliferación de guerrillas como sucede en otras partes”. Para Carlos Montemayor (Guerra en el Paraíso): “Al existir por lo menos cinco movimientos guerrilleros previos al movimiento estudiantil de 1968, por lo tanto aquel momento histórico no es el detonante de la guerrilla moderna en México, pero sí lo será en ciertos niveles del estudiantado, particularmente en universitarios del norte del país.”

Sea que sólo haya sido una sobre reacción violenta de un presidente dolosamente informado y obsesivamente anticomunista, el movimiento estudiantil de 1968, sí provocó la reacción del gobierno mexicano, como señalará Fritz Glockner (Memoria Roja) en el 2007: “El Estado mexicano, por su parte, ha detectado esos focos rojos que se han encendido, son conscientes de que la sorpresa no es una buena aliada, y por lo mismo se han comenzado a preparar diversas estrategias para enfrentar la oleada de protestas e inconformidad que se advierten. La capacitación de policías y militares en el extranjero crece, la ya famosa y temida Dirección Federal de Seguridad ha inculcado su clásica práctica de represión y se dispone a perfeccionarla, haciendo que los extra judiciales e inhumanos métodos de tortura obtengan carta de naturalización mexicana con el uso del chile y otros elementos disponibles en el museo del terror, con la ya conocida práctica de la infiltración, con la intervención telefónica, de correos y de telégrafos no dejando escapar ningún mensaje que parezca subversivo. Se define una estrategia, ante los medios de comunicación masiva, haciendo que la censura llegue a todo profesionista de la pluma y de la máquina de escribir la ‘autocensura’, mientras que para los hombres del micrófono y la cámara de televisión, su labor queda reducida a simples maniquíes que repiten dictados oficiales. Se desconocen, se ignoran, se encubren las razones sociales, políticas o económicas, de cualquier descontento. Es por ello que la nota roja de los periódicos es la elegida para rescatar las gestas de esos días y de lo que vendrá después.” En los años siguientes se desencadenará la llamada “guerra sucia” contra toda disidencia radical.

En noviembre de 2011, por iniciativa del senador Pablo Gómez, ex líder estudiantil en 1968 y ex preso político por este motivo, el 2 de octubre se incluirá dentro de las fechas solemnes en que la bandera nacional debe ponerse a media asta.

Ayer fueron los alumnos, ¿Hoy serán los maestros? Movimiento estudiantil del 68: la rebelión contra el Estado represor

72 días antes del 2 de octubre de 1968, comenzó la efervescencia estudiantil.

El 22 de julio de 1968 policías granaderos reprimieron una riña entre alumnos de la Vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria particular Isaac Ochoterena. Los agentes irrumpieron en las vocacionales 2 y 5, hiriendo a profesores y alumnos. Tres días después, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se declaró en huelga indefinida.

Tras la represión que el cuerpo de granaderos propinó a jóvenes del IPN y de la Preparatoria 2 de la UNAM, así como a miembros del Partido Comunista el 26 de julio de 1968, estudiantes del IPN en solidaridad declararon un paro de actividades. En un pliego petitorio demandaron la excarcelación de los estudiantes detenidos así como indemnización a los lesionados.

El 29 de julio, el conflicto se extendió por toda la Ciudad de México, mientras las autoridades pretendían calmar el ánimo previo a los Juegos Olímpicos que iniciaron el 12 de octubre de ese año. Hubo autobuses quemados, se paralizó el transporte público, además, de que autoridades de seguridad reportaron artefactos explosivos y combustible en escuelas.

En este contexto de represión y descontento en toda la comunidad universitaria del país, el Ejército irrumpió la Escuela Nacional Preparatoria 1 (el actual Colegio de San Ildefonso): de un bazucazo, destruyó la puerta, para así iniciar la presencia militar en el conflicto, autorizada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. No obstante, el secretario de Defensa Nacional, Marcelino García Barragán afirmó que el atentado fue responsabilidad de los estudiantes: una explosión interna.

La relevancia del movimiento repuntó cuando, el 1 de agosto el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra encabezó una manifestación de alrededor de 80 mil universitarios y politécnicos, en protesta por la represión y en demanda de la liberación de los estudiantes presos. Sobre avenida de Los Insurgentes, la mayor autoridad universitaria proclamó la frase “únete, pueblo”. Entonces se conformó el Consejo Nacional de Huelga (CNH) para establecer que las escuelas estarán en huelga, pero no en paro activo; habrá tres representantes por plantel, y para rechazar la presencia de organizaciones ajenas a la comunidad escolar.

En ese momento, quedó formalizado en los seis puntos de un pliego petitorio:

1. Libertad de todos los presos políticos.

2. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal.

3. Desaparición del cuerpo de granaderos.

4. Destitución de los jefes policiacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías.

5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto.

6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos.


No obstante, el Ejército continuó con sus ocupaciones en las escuelas, plazas públicas del centro de la capital del país y las calles. Lo que deviene en un entorno de detenciones arbitrarias, asesinatos y lesiones para estudiantes y la sociedad civil.

Barros Sierra mantuvo sus reclamos y acusó que no recibió notificación de la ocupación militar de las ocupaciones militares, además denunció que fue víctima de injurias y difamación. Hasta que anunció su renuncia el 23 de septiembre de 1968.

“Al decidirse a defender la autonomía, Barros Sierra legitimó al movimiento estudiantil y lo lanzó por una dirección desconocida: lo sacó del ‘ghetto’ de los radicales y lo incorporó al terreno de los principios de la defensa de la autonomía y la Constitución… Ya no era un grupito de estudiantes radicales, sino la masa plural de ciudadanos que defendía principios frente a la brutalidad policíaca”, dice el analista Sergio Aguayo en el libro 1968. Los Archivos de la violencia.

El 1 de octubre de ese año, el Ejército desocupó todas las instalaciones de la UNAM y el IPN que mantuvo tomadas, como un movimiento estratégico previo a la masacre del día siguiente en la Plaza de las Tres Culturas.