72 días antes del 2 de octubre de 1968, comenzó la efervescencia estudiantil.
El 22 de julio de 1968 policías granaderos reprimieron una riña entre alumnos de la Vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria particular Isaac Ochoterena. Los agentes irrumpieron en las vocacionales 2 y 5, hiriendo a profesores y alumnos. Tres días después, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se declaró en huelga indefinida.
Tras la represión que el cuerpo de granaderos propinó a jóvenes del IPN y de la Preparatoria 2 de la UNAM, así como a miembros del Partido Comunista el 26 de julio de 1968, estudiantes del IPN en solidaridad declararon un paro de actividades. En un pliego petitorio demandaron la excarcelación de los estudiantes detenidos así como indemnización a los lesionados.
El 29 de julio, el conflicto se extendió por toda la Ciudad de México, mientras las autoridades pretendían calmar el ánimo previo a los Juegos Olímpicos que iniciaron el 12 de octubre de ese año. Hubo autobuses quemados, se paralizó el transporte público, además, de que autoridades de seguridad reportaron artefactos explosivos y combustible en escuelas.
En este contexto de represión y descontento en toda la comunidad universitaria del país, el Ejército irrumpió la Escuela Nacional Preparatoria 1 (el actual Colegio de San Ildefonso): de un bazucazo, destruyó la puerta, para así iniciar la presencia militar en el conflicto, autorizada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. No obstante, el secretario de Defensa Nacional, Marcelino García Barragán afirmó que el atentado fue responsabilidad de los estudiantes: una explosión interna.
La relevancia del movimiento repuntó cuando, el 1 de agosto el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra encabezó una manifestación de alrededor de 80 mil universitarios y politécnicos, en protesta por la represión y en demanda de la liberación de los estudiantes presos. Sobre avenida de Los Insurgentes, la mayor autoridad universitaria proclamó la frase “únete, pueblo”. Entonces se conformó el Consejo Nacional de Huelga (CNH) para establecer que las escuelas estarán en huelga, pero no en paro activo; habrá tres representantes por plantel, y para rechazar la presencia de organizaciones ajenas a la comunidad escolar.
En ese momento, quedó formalizado en los seis puntos de un pliego petitorio:
1. Libertad de todos los presos políticos.
2. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal.
3. Desaparición del cuerpo de granaderos.
4. Destitución de los jefes policiacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías.
5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto.
6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos.
No obstante, el Ejército continuó con sus ocupaciones en las escuelas, plazas públicas del centro de la capital del país y las calles. Lo que deviene en un entorno de detenciones arbitrarias, asesinatos y lesiones para estudiantes y la sociedad civil.
Barros Sierra mantuvo sus reclamos y acusó que no recibió notificación de la ocupación militar de las ocupaciones militares, además denunció que fue víctima de injurias y difamación. Hasta que anunció su renuncia el 23 de septiembre de 1968.
“Al decidirse a defender la autonomía, Barros Sierra legitimó al movimiento estudiantil y lo lanzó por una dirección desconocida: lo sacó del ‘ghetto’ de los radicales y lo incorporó al terreno de los principios de la defensa de la autonomía y la Constitución… Ya no era un grupito de estudiantes radicales, sino la masa plural de ciudadanos que defendía principios frente a la brutalidad policíaca”, dice el analista Sergio Aguayo en el libro 1968. Los Archivos de la violencia.
El 1 de octubre de ese año, el Ejército desocupó todas las instalaciones de la UNAM y el IPN que mantuvo tomadas, como un movimiento estratégico previo a la masacre del día siguiente en la Plaza de las Tres Culturas.
4. Destitución de los jefes policiacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías.
5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto.
6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos.
No obstante, el Ejército continuó con sus ocupaciones en las escuelas, plazas públicas del centro de la capital del país y las calles. Lo que deviene en un entorno de detenciones arbitrarias, asesinatos y lesiones para estudiantes y la sociedad civil.
Barros Sierra mantuvo sus reclamos y acusó que no recibió notificación de la ocupación militar de las ocupaciones militares, además denunció que fue víctima de injurias y difamación. Hasta que anunció su renuncia el 23 de septiembre de 1968.
“Al decidirse a defender la autonomía, Barros Sierra legitimó al movimiento estudiantil y lo lanzó por una dirección desconocida: lo sacó del ‘ghetto’ de los radicales y lo incorporó al terreno de los principios de la defensa de la autonomía y la Constitución… Ya no era un grupito de estudiantes radicales, sino la masa plural de ciudadanos que defendía principios frente a la brutalidad policíaca”, dice el analista Sergio Aguayo en el libro 1968. Los Archivos de la violencia.
El 1 de octubre de ese año, el Ejército desocupó todas las instalaciones de la UNAM y el IPN que mantuvo tomadas, como un movimiento estratégico previo a la masacre del día siguiente en la Plaza de las Tres Culturas.
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